El ajedrecista preso que movilizó a activistas contra Enrique Peña Nieto

Lleva cinco años en la cárcel por dos delitos que no cometió: secuestro y delincuencia organizada.

Detenido de manera arbitraria en 2013 por elementos no uniformados de la Policía Federal, fue obligado a declararse culpable ante la PGR y a la fecha sigue sin recibir sentencia.

El joven Enrique Guerrero, ajedrecista y estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, fue torturado, golpeado, acusado de pertenecer a movimientos sociales y encarcelado en un penal de alta seguridad.

Durante su detención, no se le mostró una orden de aprehensión, se le mantuvo aislado de sus familiares y no se le permitió conversar con un abogado, a pesar de que todas ellas son presuntas garantías indispensables para todo detenido.

Recluido en el Cefereso 2, de Puente Grande, Jalisco, esta semana el joven inició una huelga de hambre para exigir garantías a su integridad, una medida de protesta que ya ha utilizado anteriormente, de acuerdo con información difundida por el Colectivo Liquidámbar, donde colaboraba.

Además, sus familiares esta semana también volvieron a demandar a las autoridades su inmediata liberación.

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Guerrero fue detenido, torturado y obligado a declararse culpable. Facebook/Colectivo Liquidámbar

Secundados por grupos defensores de derechos humanos, los amigos, seres queridos y abogados de Guerrero responsabilizaron al presidente Enrique Peña Nieto por lo que pueda pasarle.

«Exigimos se garantice la integridad física y psicológica de Enrique Guerrero, restableciendo de inmediato la dignidad y el respeto de los derechos humanos de las personas en reclusión», escribieron en un comunicado.

«Exigimos la libertad inmediata de nuestro compañero».

El texto está respaldado por el Comité de Derechos Humanos fray Francisco de Vitoria, el Colectivo Liquidámbar, al que pertenecía Guerrero antes de ser capturado, y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.

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Desde 2013, el Colectivo Liquidámbar lucha por la liberación del ajedrecista. Facebook.

Irregularidades acreditadas internacionalmente

En 2015, la detención del jugador de ajedrez fue acreditada como arbitraria por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.

Lo anterior fue dado a conocer en julio de 2017 por Amnistía Internacional (AI) en el informe Falsas Sospechas: detenciones arbitrarias por la Policía en México.

Amnistía dio entonces cuenta de que la falta de profesionalización de las policías y el deficiente sistema de justicia provocan que en México se practiquen detenciones arbitrarias con base en prejuicios y desinformación sistemática.

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Dibujo del preso, quien no ha recibido sentencia. Facebook/Colectivo Liquidámbar.

«La mayoría (…) suelen ser detenidos por parecer ‘sospechosos’ a la Policía cuando, además de ser hombres jóvenes, pertenecen o son percibidos como pertenecientes a otros grupos que históricamente han estado en vulnerabilidad y han sufrido discriminación en México.

«Como son los indígenas, migrantes o quienes viven en pobreza, entre otros», señala el informe de Amnistía.

A pesar de las evidentes irregularidades en el caso y de las acusaciones de tortura cometidas durante la detención, que pesan contra el Estado mexicano, el universitario no ha recibido sentencia y sigue preso en Puente Grande.

Un hacinamiento deshumanizante

Este 12 de febrero también fue dada a conocer una carta firmada por la población carcelaria de Puente Grande donde exigen mejoras en su calidad de vida al director del penal, José Luis Roiz Flores.

Las encarcelados acusaron que el titular del Cefereso ha desatendido los acuerdos alcanzados mediante una huelga de hambre sostenida en 2017.

En la misiva, en cuyo arranque se cita al líder sudafricano Nelson Mandela, acusaron que sus derechos han sido vulnerados en Puente Grande y llamaron la atención sobre puntos clave de su situación de vida dentro del penal.

Los quejosos señalaron que las visitas de familiares y amigos son organizadas de manera deficiente y con una temporalidad inadecuada, además de que no reciben los servicios médicos semanales que habían acordado.

Aseguraron, también, que les dan de comer alimentos de mala calidad.

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Población del penal de alta seguridad localizado en Jalisco. Proceso.

Además acusaron que no han recibido los televisores que las autoridades del penal prometieron brindarles, que se han disparado los precios de la tienda interna y que los trámites matrimoniales se han entorpecido.

Agregaron que el tiempo designado para llamadas telefónicas es insuficiente y que no se les entrega en el volumen adecuado la documentación jurídica necesaria para sus procesos.

Por último, exigieron que se les entreguen rastrillos y ropa de calidad, además de juegos de mesa, que se fomenten las actividades culturales y recreativas, y que no limite ni empobrezca el servicio de biblioteca.

Los inconformes llamaron la atención en la carta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros organismos defensores de personas en situación de vulnerabilidad.

Este texto originalmente fue publicado en República 32.

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